Nueva York, 23 de julio – Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado hoy, la introducción de un ingreso básico temporal destinado a las personas más pobres del mundo podría aminorar el actual aumento de casos de COVID-19 al permitir que cerca de 3.000 millones de personas permanezcan en sus hogares durante la pandemia.

En el informe, titulado Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo, se estima que costaría US$ 199.000 millones ofrecer un ingreso básico garantizado durante seis meses a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.

En el informe se ha determinado que esa medida necesaria, ya que la pandemia está avanzando actualmente a un ritmo que supera los 1,6 millones de nuevos casos por semana, en especial en los países en desarrollo, donde 7 de cada 10 trabajadores generan su sustento a través de mercados informales y no pueden obtener ingresos si permanecen en sus hogares.

Muchas de las personas que no gozan de la cobertura de programas de seguro social son trabajadores informales, trabajadores con salarios bajos, mujeres, jóvenes, refugiados, migrantes y personas con discapacidad, quienes además son los más afectados por la actual crisis. El PNUD ha evaluado los efectos socioeconómicos de la COVID-19 en más de 60 países en los últimos meses, y, según los datos obtenidos, los trabajadores que no cuentan con protección social no pueden permanecer en sus hogares sin generar ingresos.

En el caso de América Latina y el Caribe - la región más afectada en términos de crecimiento económico y que tiene más de 3.5 millones de casos confirmados y cerca de 160 mil muertes confirmadas por COVID - más de dos tercios de los trabajadores están en el sector informal y 61% de ellos no se beneficia de ninguna forma de protección social y no pueden responder a los riesgos de la cuarentena o el aumento del gasto en atención médica.

Un ingreso básico temporal permitiría a las personas más afectadas por los efectos sociales y económicos de COVID-19 pagar los servicios de alimentos, cuidado infantil, salud y educación,

incluso si no pueden trabajar y se les exige quedarse en casa; sin embargo, la complejidad de llegar a tiempo a estas poblaciones no debe subestimarse. Además, es una medida viable desde el punto de vista financiero, ya que ese ingreso para un plazo de seis meses costaría solo el 12% del total de la respuesta financiera a la COVID-19 prevista para 2020, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa en 2020.

“Los tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo se ha planteado como una opción, algo que habría parecido imposible solo unos meses atrás”, ha señalado el Administrador del PNUD, Achim Steiner.

“Los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse únicamente en los grandes mercados y negocios. Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un sustento financiero, volver a inyectar efectivo en las economías locales para ayudar a mantener los pequeños negocios a flote, y desacelerar el devastador avance de la COVID-19”, añadió Steiner.

De todos modos, el ingreso básico temporal no es una solución milagrosa a las dificultades económicas que ha generado esta pandemia. La protección del empleo, la ampliación del apoyo que se brinda a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y el uso de soluciones digitales para identificar y llegar a las personas excluidas son medidas que los países pueden aplicar.

Más de 20 países de América Latina y el Caribe han ampliado o introducido medidas de transferencias de efectivo para responder a la crisis de COVID-19. Algunos de estos son programas nuevos, en su mayoría temporales, algunos son expansiones de los existentes, tanto para llegar a nuevos beneficiarios como para aumentar la cantidad de personas beneficiadas.

Para ampliar las transferencias de efectivo, algunos países de la región se están beneficiando de las bases de datos de registro que ya incluyen grandes porciones de la población. Es el caso de Colombia y Chile, por ejemplo, cuyos registros ya incluían el 73% y el 75% de la población, respectivamente. Ambos países han podido expandir sus programas de transferencia, basados ​​en estos registros, agregando 14% y 25% de la población como nuevos beneficiarios, respectivamente.

Otros países que no tenían este tipo de registros administrativos antes de la crisis están buscando formas innovadoras de expandir sus programas. En Honduras, por ejemplo, con el apoyo del PNUD, el gobierno está ampliando su registro social para incluir a una porción más grande de la población a quienes se pueden extender los beneficios en tiempos de crisis.

Brasil, cuyo registro cubre el 45% de la población, se embarcó en una campaña de auto registro, donde las personas se inscriben en línea - con una posible visita al sitio para confirmar la veracidad de la información. Mediante este mecanismo, pudieron inscribirse 1.2 millones de hogares nuevos.

La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que ya existen a nivel mundial y nacional y ha generado nuevas disparidades que están perjudicando en mayor medida a las personas más vulnerables. Teniendo en cuenta que hasta 100 millones de personas más se verán sumidas en la pobreza extrema en 2020, que hay 1.400 millones de niñas y niños afectados por el cierre de las escuelas y que se registran niveles récord de desempleo y pérdida de medios de vida, el PNUD estima que el desarrollo humano global va camino de retroceder este año por primera vez desde que se estableció el concepto.

El PNUD es el organismo que encabeza la labor socioeconómica del sistema de la ONU en la recuperación ante la COVID-19 y está aplicando estrategias de recuperación social y económica en países de todo el mundo.